Por León F. Acosta Espinosa.

México atraviesa por una etapa de profunda crisis del Estado de Derecho que se ha estado agravando en los últimos años. Desde el año 2023 nuestro País ha tenido un preocupante retroceso que se refleja en el descenso sostenido en el ranking internacional de la materia. De 2023 a 2025, nuestro País descendió del deshonroso lugar 116 hasta llegar al lugar 121, en un ranking que evalúa a 142 países.

Esta crisis ha estado marcada por reformas constitucionales y legales que han erosionado aceleradamente algunos principios fundamentales como son la seguridad y certeza jurídica, la estabilidad normativa y la independencia judicial, lo cual ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores, dentro de los que destaca el sector empresarial y de negocios en nuestro País. Ante este panorama, la prevención jurídica emerge como una herramienta esencial para las actividades empresariales y de negocios, superando incluso la relevancia del litigio estratégico.

El Estado de Derecho implica que todos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley, y que existe un marco legal predecible y justo, capaz de proteger derechos y garantizar la resolución imparcial de conflictos. En los últimos años, México ha sido testigo de reformas legales y constitucionales que, lejos de fortalecer estos principios, han generado dudas sobre su vigencia y prácticas que debilitan la seguridad y certeza jurídica.

En este contexto, la prevención jurídica adquiere una importancia estratégica para las empresas mexicanas. A diferencia del litigio, que es reactivo y depende de la interpretación judicial —ahora más incierta que nunca—, la prevención implica anticiparse a los riesgos y adaptar las operaciones empresariales al nuevo entorno normativo.

Razones contundentes para priorizar la prevención jurídica:

1. 1. Mitigación de riesgos: La prevención permite identificar y reducir riesgos legales antes de que se materialicen, evitando sanciones y pérdidas económicas.
   2. Adaptabilidad normativa: Mantenerse actualizado y adaptar procesos internos a las nuevas disposiciones legales es crucial en un entorno de cambios constantes.
   3. Reducción de litigios: Las controversias legales pueden ser costosas y prolongadas, especialmente en un sistema judicial sobrecargado y afectado por la crisis de independencia. Actualmente prevenir, resulta más eficiente que litigar.
   4. Protección reputacional: Cumplir con la ley y evitar escándalos legales protege la imagen y credibilidad de la empresa ante clientes, socios y autoridades.
   5. Planeación estratégica: La prevención jurídica permite a las empresas planear con mayor certidumbre y tomar decisiones informadas, incluso en escenarios adversos.

El litigio estratégico, si bien es una herramienta muy importante para defender derechos y resolver disputas, depende en gran medida de la fortaleza y autonomía de los órganos jurisdiccionales. En la actual crisis, la imprevisibilidad en las decisiones judiciales y la posible aplicación discrecional de la ley hacen que el resultado de los litigios sea más incierto.

La crisis del Estado de Derecho en México, profundizada por recientes reformas constitucionales y legales, ha incrementado la incertidumbre y los riesgos para las empresas. En este contexto, la prevención jurídica se convierte en la mejor estrategia para proteger intereses empresariales y de negocios, adaptarse al entorno y reducir la exposición a sanciones y litigios. Más que nunca, invertir en asesoría preventiva y cumplimiento normativo es fundamental para la supervivencia y el éxito empresarial en el México actual.

León F. Acosta Espinosa es Socio fundador y Secretario del Consejo Directivo de la Firma SAAT Corporativo Legal, S.A. DE C.V., Abogado especializado en litigio inmobiliario y estrategias de protección patrimonial y Expresidente de la Academia de Derecho Mercantil en el Estado de Nuevo León, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C.